Por Alfredo Palacios Dongo.Es realmente incalculable el daño y destrucción que ocasiona la minería ilegal fluvial en nuestra Amazonía por extracción de oro aluvial. Arrasa y contamina los ríos, envenenando la cadena alimentaria, afectando la fauna acuática, el medio ambiente y la salud de pobladores de 70 comunidades indígenas. La Ley 30057 prohíbe la minería ilegal por tratarse de un grave problema, especialmente en la Amazonía; el Decreto Legislativo 1100 prohíbe en todos los cursos de agua, como ríos y lagunas, el uso de maquinarias, dragas, balsas o tracas. Además, la Ley 29338 de Recursos Hídricos dispone que el acceso al agua (ríos y afluentes desde su origen natural) es prioritario sobre cualquier uso para la persona humana y debe ser administrado en armonía con el bien común y la protección ambiental; sin embargo, dicha normativa no se cumple en absoluto.(Edición sábdo).