Por Mariluz Santana García, gerente general de Empresarios por la Integridad.Las empresas en el Perú enfrentan un riesgo poco visible pero crítico: la posibilidad de vincularse, indirectamente, con economías ilegales como la minería ilegal, el contrabando, la tala ilegal o el narcotráfico. Este riesgo no se limita a evitar actos ilícitos desde dentro de la organización, sino que exige gestionar también la exposición que representan socios, proveedores o clientes que puedan estar involucrados en estas actividades, directa o indirectamente.Un estudio del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, encargado por Empresarios por la Integridad, identificó el peso económico y social de estas economías ilegales en el país. Las cifras muestran cadenas de suministro amplias, montos millonarios en circulación y una fuerte presencia en diversas regiones. No hablamos de fenómenos marginales, sino de actividades que distorsionan mercados, generan violencia y afectan el Estado de derecho. Frente a este panorama, el reto empresarial ya no es solo cumplir normas o atender las exigencias mínimas de la Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica en el Proceso Penal, sino prevenir activamente cualquier vínculo -aunque sea indirecto- con estas redes ilícitas.
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