La minería ilegal es la mayor amenaza para la economía y la seguridad del país. No hablamos ya de un problema marginal: mueve más de US$ 10,500 millones, según arrojan informes de la UIF, y ha tejido redes con capacidad de realizar atentados y hasta penetrar en la política. Es, en esencia, crimen organizado que se disfraza de minería artesanal o ancestral para expandirse sin control.El daño es profundo. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), más de US$ 7,000 millones en proyectos de minería formal se mantienen paralizados por la presencia de ilegales. En un país que depende de sus exportaciones mineras para sostener ingresos fiscales y atraer inversión, permitir semejante golpe equivale a una derrota económica.Pero la minería ilegal no solo erosiona cifras macroeconómicas. En zonas como Pataz, bandas armadas imponen su ley a punta de armas. La ilegalidad no es un debate burocrático sobre permisos: es una maquinaria criminal que mata y genera un clima de terror permanente en distintas partes del país.Frente a esta realidad, los avances legislativos lucen insuficientes. La ley MAPE y el sistema de trazabilidad en tiempo real, reconocidos por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), son pasos en la dirección correcta. Pero si el Estado no golpea de manera directa a las mafias que financian y sostienen el negocio, todo quedará en papeles. La trazabilidad puede ser una herramienta útil, pero no desactiva a las organizaciones que operan con violencia y dinero sucio.
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