Con algunas observaciones recogidas a propuesta del Ejecutivo, el pleno del Congreso aprobó el 20 de agosto, y por insistencia, la autógrafa de ley que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas (APP) y proyectos en activos. La norma se origina en los proyectos de ley presentados por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Uno de los puntos centrales es el papel de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión), que ya no será el ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.Según el artículo 5 del texto final, ese rol pasa a la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargada de "emitir opinión vinculante, exclusiva y excluyente sobre la interpretación y aplicación de la presente ley, su reglamento y normas complementarias". Además, esta dirección aprueba la política nacional del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.