La decisión de la presidenta Dina Boluarte de regresar al gabinete a Juan José Santiváñez, pese a que fue expectorado del mismo por su evidente incompetencia cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior, constituye una grosera falta de respeto al país y una afrenta al propio Congreso de la República, que lo censuró por amplia mayoría.Santiváñez ha sido catapultado nada menos que al Ministerio de Justicia, donde se dispone a ejecutar una agenda concreta, como él mismo se encargó ayer de explicitar en su nota de presentación, argumentando que su misión es “liderar probablemente uno de los cambios más importantes en la justicia que el país va a tener”. Si a algún observador distraído se le escapa que detrás de semejantes palabras se agazapa una amenaza no tan velada, es que desconoce la historia reciente del Perú. ¿O ya nadie recuerda cuando Vladimiro Montesinos entró al Palacio de Justicia y su gente sacó por la ventana abultados costales llenos de legajos y expedientes de los que nunca más se tuvo noticia? ¿Es interés de la mandataria cobrar venganza con la Fiscalía por las denuncias constitucionales e investigaciones que en sus oficinas se han acumulado? La reestructuración del Ministerio Público no puede ni debe hacerse desde una parte interesada.Peor si el propio Santiváñez tiene doce denuncias fiscales abiertas en este mismo momento. En estas circunstancias, vaya uno a saber las maniobras que, desde el puesto de ministro de Justicia, podría llevar a cabo el susodicho para cubrirse y cubrir a su protectora; tal y como se encuentra su situación jurídica, la opinión pública tiene derecho a sospechar.