El gobierno de Dina Boluarte ha optado por el camino más fácil y más irresponsable: abrir las arcas del Estado para tapar los agujeros de Petroperú, una empresa quebrada, corroída por la corrupción y que ya no se sostiene por sí sola. No es gestión, es populismo fiscal en su peor versión.Mientras el país clama por hospitales, colegios y seguridad, la presidenta dilapida miles de millones en rescates inútiles que hipotecan el futuro del Perú. Lo más grave: la factura no la pagará ella, sino el próximo gobierno, que recibirá una verdadera bomba de tiempo en las cuentas fiscales.Lejos de impulsar reformas estructurales o abrir la empresa a la inversión privada, Boluarte ha optado por el atajo más dañino: seguir sosteniendo con dinero público a Petroperú, pese a su historial de ineficiencia y sobrecostos.Al respecto, Moody"s, una de las agencias de riesgo más influyentes del mundo, ya prendió las alarmas. La calificadora advierte que estos salvatajes deterioran la fortaleza fiscal del país y significan un serio desvío de recursos que deberían destinarse a cerrar las enormes brechas sociales.