La denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 -que plantea inhabilitarlo para ejercer cargo público por 10 años-, sigue paralizada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República. Con varios meses de retraso, en julio pasado, el referido subgrupo de trabajo delegó en José Jerí, de Somos Perú, la investigación de la denuncia, lo que implicaba una serie de diligencias como la recopilación de documentación, descargos y audiencias públicas para escuchar a los denunciados. Tras su elección como presidente del Parlamento, sin embargo, Jerí renunció a la delegación, por lo que ahora toca a la SAC -que preside Lady Camones- nombrar a un nuevo delegado.Precisamente Camones -tras asumir la conducción de la subcomisión- informó que a la fecha hay un total de 214 denuncias constitucionales, de las cuales solo 15 se encuentran pendientes de debate en el Pleno. Además, otras 44 deben asignarse a nuevos delegados, una de ellas es justamente la de Castillo Terrones.