Por Fernando Cáceres Freyre, director ejecutivo de Síntesis Instituto.Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha planteado al gobierno ampliar su contrato por 10 años, ofreciendo invertir US$2.000 millones para construir el "ducto costero", que ampliaría el transporte de gas natural desde Cañete hasta Mollendo e Ilo.TGP opera bajo un modelo de monopolio. En esta línea, en el 2013 se declaró que el transporte de hidrocarburos por ductos es un servicio público, con lo cual se deberían aplicar reglas más estrictas para que la empresa no abuse de su posición y se asegure acceso universal a sus clientes.Hace algunas semanas, cuestioné la propuesta que se hizo -en favor de TGP- de incrementar casi al 100% el llamado factor de referencia a la contratación (FRC). No hay razón para garantizar una capacidad de transporte mayor a la que se proyecta que necesitarán los clientes (ver "La mesa de ocho patas"). Lo contrario equivaldría a un subsidio a cargo de las generadoras para financiar el nuevo ducto, contraviniendo las reglas del libre mercado.En esta oportunidad, Osinergmin se mantuvo firme y rechazó el incremento del FRC, pero hay varias situaciones en las que TGP ha adoptado prácticas que denotan que la política pública más bien no viene siendo estricta para lidiar con este monopolio.