Por Elsa Galarza, profesora e investigadora - Universidad del Pacífico.Las elecciones generales del 2026 en el Perú marcarán un punto de inflexión institucional. Tras más de tres décadas, regresará la Cámara de Senadores al Congreso de la República. Esta podría ser una buena noticia dado que esta segunda cámara puede actuar como un filtro, revisando y deliberando sobre las leyes, lo que puede ayudar a identificar errores, omisiones o consecuencias no deseadas. Pero, por otro lado, de acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, más de 40 organizaciones políticas buscarán participar en este proceso electoral. Esta dispersión es inédita y anticipa un Congreso altamente fragmentado. La pregunta es inevitable: ¿qué implicancias tendrá esta fragmentación en las políticas públicas ambientales y en la capacidad del país de responder a desafíos urgentes como el cambio climático, la transición energética o la gestión sostenible del agua y de los bosques?La experiencia reciente no es alentadora. En el actual esquema, la multiplicidad de bancadas ha dificultado generar consensos mínimos sobre reformas críticas para nuestra economía. La agenda ambiental, ya de por sí débil, ha quedado también relegada frente a disputas de corto plazo y a la lógica de intereses sectoriales. La consecuencia ha sido la excesiva demora para elaborar los marcos regulatorios, como la actualización de la Estrategia Nacional frente al Cambio Climático al 2050, que se aprobó en noviembre del 2024, o la demora en la discusión de temas tan relevantes como la lucha contra economías ilegales (minería, tala, contrabando de especies) que están degradando nuestra Amazonía o la urgente mejora de la institucionalidad para fortalecer la gestión del agua, entre muchos otros.(Edición sábado).