Por Ivan Alonso, economista.Seguramente aplaudirán con entusiasmo al presidente argentino Javier Milei cuando venga a Lima porque también se confiesan liberales sobre todo si el liberalismo se practica fuera de nuestras fronteras. Aquí adentro, quisieran creer -o que creamos- que el libre mercado es compatible con sus privilegios tributarios. Si usted insiste, podemos ir al diccionario: privilegio es una ventaja especial concedida por una autoridad, como cuando el Congreso aprueba una ley para reducir la tasa del impuesto a la renta para el sector agropecuario al 15%, la mitad de la que pagan los demás.La llamada "ley Chlimper 2.0", contra la que se anunciaban protestas para el día de ayer, significará una transferencia de ingresos del fisco a los agricultores que estimamos en S/300 millones al año. El déficit fiscal aumentará en 0,25% del PBI si el Gobierno no la observa. La estimación se basa en la diferencia de casi 40% entre lo que se recaudó por impuesto a la renta agropecuaria en el 2021, luego de que se eliminara parcialmente el privilegio creado originalmente por la ley 27360, y lo que se había recaudado, en promedio, entre el 2016 y el 2019, para no contar el año de la pandemia. Más del 80% de esa transferencia iría a las manos de los accionistas de las empresas agrarias, que la nueva ley define como aquellas que facturan por encima de 150 UIT (unos S/800.000) anuales.¿Es necesario restablecer los privilegios tributarios parcialmente derogados en el 2020? Pues no. Al sector agropecuario le ha ido, no muy bien, sino super bien, desde entonces.