El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un decreto supremo (DS) que ha generado todo tipo de comentarios entre los conocedores de las Asociaciones Público-privadas (APP). Vía esta norma, se ha fijado la obligatoriedad de que toda adenda incluya una cláusula anticorrupción. Un cambio que suena positivo y necesario, pero a que expertos les parece problemático por la forma en la que ha sido oficializada.El DS 169-2025-EF modifica el artículo específico de la ley APP vigente desde el 2018 referido a este asunto y trae varias novedades. Una de las más llamativas es que se fija una penalidad, a favor del Estado, en caso el concesionario resulte condenado por corrupción.Sin embargo, eso no es lo que preocupa a los expertos consultados por Gestión. Sin dudarlo aseguran que el MEF está poniendo en riesgo la negociación activa de cinco adendas que representan la mitad de la meta en APP de Proinversión para 2025.
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