Por Paola Herrera, economista senior del IPE.El deterioro del atractivo minero del país refleja una falta de rumbo claro en las políticas del sector. A la elevada complejidad del marco regulatorio, se ha sumado la rápida expansión de la minería ilegal como principales desincentivos para los inversionistas. Mientras tanto, la respuesta del Estado ha sido insuficiente para promover la minería formal, pese a ser un motor clave de nuestra economía. El desafío es recuperar confianza, a través de instituciones sólidas, reglas claras y predecibles, y una estrategia firme para enfrentar la criminalidad. Solo así será posible concretar los proyectos en cartera, recuperar la competitividad perdida y aprovechar nuestro potencial geológico para impulsar el crecimiento, empleo y desarrollo regional.
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