CORRUPCIÓN. Ayer, el exmandatario Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo, en Ate, luego de que un día antes el juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, confirmara la orden de cinco meses de prisión preventiva en su contra; medida solicitada por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Si bien se trata aún de una resolución de primera instancia -y el abogado de Vizcarra ya ha anunciado que presentará una apelación-, no deja de ser una decisión significativa. Y es que, más allá del debate jurídico sobre este fallo en particular, se trata del quinto expresidente de las últimas tres décadas que tendrá que pasar un tiempo en prisión por un caso de acusaciones de corrupción y/o lavado de activos. Por un lado, que un Estado como el Perú sea capaz de sancionar a altas autoridades que habrían cometido delitos, incluyendo a expresidentes, habla bien de la independencia del sistema de justicia frente al poder político. En muchos lugares, autoridades que deberían haber sido sancionadas por la justicia han sido protegidas por su poder político, por lo que ha terminado imperando la impunidad. Por otro lado, sin embargo, si este tipo de casos supera cierto número, también puede darse un efecto distinto: que se genere la percepción -más allá de si es cierta o no- de que las sanciones contra expresidentes en el Perú, lejos de dar cuenta de un Estado de Derecho, en realidad solo confirman su debilidad institucional.