Cada vez que se inicia un nuevo período anual de sesiones en el Congreso, las miradas suelen enfocarse en la elección de la Mesa Directiva. Saber quién presidirá un poder del Estado y, en la coyuntura que atravesamos, ocupará la línea de sucesión después de la presidenta no es un dato menor. Menos llamativas, sin embargo, resultan las designaciones de los titulares de las comisiones ordinarias, pese a la importancia que estas revisten para el trabajo parlamentario. Solo para poner un ejemplo sobre el poder de estos grupos, vale recordar que la ley que dejó al Perú prácticamente sin detención preliminar durante tres meses fue cocinada en la Comisión de Justicia, en manos de Perú Libre, de manera subrepticia. La modificación de la norma, como contamos en este Diario, se contrabandeó en un dictamen que versaba sobre otro tema (la prisión preventiva de policías investigados por usar su armamento en funciones) y fue aprobada en el pleno sin que nadie lo advirtiera. Así, pues, el trabajo de las comisiones es demasiado importante como para dejarlo al azar. O, peor aún, en manos inadecuadas. Y esto es justamente lo que ha ocurrido. Días atrás, nos referimos al caso de María Acuña (APP), flamante presidenta de la Comisión de Vivienda conocida por tener dos propiedades que invadían espacios públicos. Ahora, este Diario ha informado sobre la situación de Víctor Flores (Fuerza Popular), nuevo titular de la Comisión de Economía que no transparentó sus vínculos con la minería informal cuando apoyó iniciativas favorables a esta.