El Ministerio Público ha iniciado una investigación a quienes, dentro de la Policía Nacional del Perú, resulten responsables de dos hechos que en la práctica favorecieron a la minería ilegal. De un lado, el apoyo negado a una operación en Puerto Inca; y de otro, la suspensión por dos días de las acciones de interdicción en distintos lugares del territorio nacional. En el primer caso, el sábado 26 de julio, la Dirección de Medio Ambiente de la policía no aprobó el plan de operaciones solicitadas por la oficina del fiscal provincial Eduardo Nina Cruz a la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente en Huánuco a propósito de trabajos ilegales "con excavadoras y chutes" que se estaban llevando a cabo en áreas protegidas de la región. Al respecto, el director de Medio Ambiente de la PNP, general Manuel Lozada, ha sostenido que el plan no se podía aprobar porque en esas fechas "todo el personal policial estaba comprometido con las Fiestas Patrias". En el segundo caso, a través de un memorándum del 3 de agosto, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) ordenó a su Dirección de Medio Ambiente la suspensión "de todas las comisiones de servicio" y el retorno de todo el personal a Lima, con excepción del que se encontraba en Pataz (La Libertad). La medida fue dejada sin efecto el martes 5, pero, aunque la PNP ha intentado negar artificiosamente que las operaciones fueron interrumpidas por dos días, una carta en la que el jefe operativo de la unidad policial Venceremos de Moyobamba (San Martín) le informó a la fiscalía provincial de esa localidad sobre el repliegue de sus agentes y la interrupción de todos los planes de trabajo en cumplimiento de una orden de la Dirnic ha permitido confirmar lo sucedido.