Por Robert Mcdonald Zapff. El profesor Richard Auty señaló que, para que un país sea categorizado como "minero", el sector debe representar al menos el 8 % de su PBI. Si consideramos este criterio, no cabe duda de que el Perú, al cumplirlo holgadamente, es un país minero. Tampoco hace falta un ejercicio de análisis de contenido para confirmar que gran parte de los titulares de la prensa y de la agenda política nacional gira en torno a varios aspectos relacionados con la minería. En efecto, no solo se discute su relevancia económica, sino también sus implicancias políticas, jurídicas e ideológicas. Basta con oír afirmaciones como que existirían 500,000 pequeños mineros y que, si multiplicamos ese número por seis, considerando sus alcances indirectos, se aludiría a un grupo con peso político o electoral, que representa alrededor del 15 % de los votos. Esta cifra, por sí sola, sugiere la importancia de tomar en cuenta a este "bolsón electoral" para aspirar a una eventual segunda vuelta. Los bloqueos de carreteras y las lamentables muertes asociadas a conflictos mineros son inaceptables y constituyen un reflejo de que la situación está fuera del marco del Estado de derecho. Las decisiones que luego se toman -carentes de dirección y sujetas a retrocesos- parecen presagiar un panorama en el que muchos permisos previamente denegados podrían ser restituidos. Estas medidas responden a argumentos políticos y quizás jurídicos, pero no realmente técnicos.
- [Gestión,Pág. 10] /