A solo dos días de que los gremios de los mineros informales se retiraran de la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo para la formalización de este sector y amenazaran con protestas, el gobierno de Dina Boluarte cedió a una de sus principales demandas: la suspensión de las interdicciones u operativos policiales contra la minería ilegal.El domingo 3 de agosto, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la Policía Nacional del Perú (PNP) ordenó a su Dirección de Medio Ambiente [ver documentos] la suspensión "de todas las comisiones de servicio" y el retorno a Lima de todo el personal, con excepción del que está destacado en Pataz (La Libertad). Esta medida se ejecutó al día siguiente.En el memorándum, dirigido al general Manuel Lozada Morales, director de Medio Ambiente de la PNP, el teniente general Zenón Loayza Díaz, jefe de la Dirnic, justificó esta medida señalando que "existe la necesidad de replantear las operaciones policiales contra los delitos ambientales, tales como la minería ilegal, tala ilegal, entre otros".El Comercio tuvo acceso a una carta que el jefe operativo de la unidad policial Venceremos, en Moyobamba (San Martín), le envió a la fiscalía provincial de esa localidad, a través de la cual informa sobre el repliegue de sus agentes y la suspensión de todos sus planes de trabajo en cumplimiento de la orden dada de la Dirnic.Fuentes de este Diario señalaron que las fiscalías provinciales de Madre de Dios, de Maynas (en Loreto) y de Puerto Inca (Huánuco) han recibido similares oficios.En breve diálogo con este Diario, Lozada dijo que el repliegue de sus agentes "ya no se va a ejecutar", porque la medida "ha quedado sin efecto" el martes 5 de agosto. Hasta el cierre de esta edición, el nuevo oficio no se transparentaba.