Por Gabriel Daly, gerente general de Confiep.El 28 de julio, con voz enérgica y el puño derecho en alto, Dina Boluarte afirmó que asumió la presidencia tras un golpe de Estado que "amenazó con fracturar el orden democrático". Añadió que, junto al Congreso, las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional defendieron la libertad y la democracia. El mensaje fue claro: sin ellos, el país habría colapsado. Lejos de rendir cuentas, su intervención fue una jugada política destinada a consolidar alianzas que la protejan una vez que deje el poder. Lo cierto es que, como casi todos sus antecesores, será investigada. Y en el Perú, además de un abogado hábil y un cura indulgente, todo expresidente necesita una narrativa sólida y respaldo político.En parte, Boluarte logró su objetivo. Perú Libre protestó con arengas y carteles antes de abandonar el hemiciclo. En contraste, recibió aplausos de bancadas como Alianza para el Progreso (APP), hoy beneficiada con cargos claves. Desde el inicio del mensaje a la nación, Boluarte intentó trazar una línea divisoria entre quienes defienden la democracia y los grupos "radicales".