El ruido político nunca ha sido positivo en nuestro país. Es cierto que durante el gobierno de Alejandro Toledo se logró que los vaivenes políticos y partidarios no afectaran, por ejemplo, la buena marcha de la economía y el ritmo de las inversiones. Sin embargo, eso no implica que el divorcio política-economía sea eterno y que las crisis políticas no entrañen riesgos que deben evitarse. Como explicó el economista Gustavo Yamada, en nuestra edición de ayer, el ruido innecesario nos puede hacer perder la oportunidad de comenzar a progresar como país. Esto deberíamos recordarlo ahora, ante el crispado debate suscitado durante las últimas semanas por la propuesta de establecer la pena de muerte para terroristas y violadores de niños, y la de realizar un referéndum para aprobar la polémica sanción. Ha hecho bien el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Aurelio Pastor, en expresar su voluntad de poner paños fríos al tema para analizarlo con tranquilidad durante la próxima legislatura. Esa es la única manera de hallar una salida a un asunto que, fundamentalmente, exige un debate político y sobre todo jurídico, para analizar las implicancias que responsablemente el Estado tiene que sopesar en representación de todos los peruanos. Es allí, en un foro con especialistas, donde deben valorarse los pro y los contra de las cuestionadas propuestas. Como señalamos en esta columna, no porque una iniciativa tenga supuesto respaldo popular, merece necesariamente ser atendida. Ejemplos hay muchos en nuestra historia reciente. Pensemos solo en un referéndum sobre el no pago de impuestos: muchos estarían de acuerdo, ¿pero eso es lo mejor para el Perú?. Debates de esta naturaleza no pueden decidirse en las calles, sino en el diálogo, dirigido por aquellos que los ciudadanos eligieron para representarlos y tomar en su nombre las decisiones más idóneas. Tal y como muestra la última encuesta de El Comercio elaborada por Apoyo S.A., dejarse llevar únicamente por 'el clamor ciudadano' es desconocer problemas de fondo. Ese sondeo descubre que 72% de los encuestados en Lima aprueba un referéndum sobre la pena capital, pero 67% desconfía de la idoneidad de los magistrados para aplicarla con justicia. El pueblo clama por mayor seguridad, pero no es ingenuo.