En un país en el que la delincuencia y la minería ilegal se han convertido en los dos principales flagelos nacionales, la presidenta Dina Boluarte optó en su mensaje de 28 de julio por la evasión y el recuento estadístico antes que por soluciones concretas. Mientras el país ha registrado, entre el 1 de enero y el 17 de julio del 2025, 1.209 homicidios -un promedio de un asesinato cada tres horas 56 minutos- y la extorsión amenaza sectores enteros como el transporte público, Boluarte se limitó a enumerar una fría lista de cifras sobre equipamiento policial. Habló de "librar una batalla firme contra el crimen", pero omitió estrategias específicas contra la extorsión o el sicariato que azotan al país. Igual de preocupante fueron los pocos párrafos que dedicó a la minería ilegal, actividad que hoy genera más recursos que el narcotráfico y se ha convertido en el principal motor de la criminalidad organizada y, además, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicado en El Comercio, en el 2025 el valor exportado de oro de origen ilegal sería de cerca de US$12 mil millones.