Por Enrique Castillo, periodista.Hace exactamente una semana, en un evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, planteamos el tema de la minería ilegal como bolsón electoral, y señalamos que ni el Gobierno ni el Congreso querían pelearse ni enemistarse con ese caudal de votos, razón por la cual iban a tratar de evitar, hasta donde pudieran, la discusión y aprobación de una verdadera ley MAPE, e iban a buscar salidas "alternativas" (las prórrogas y las apelaciones) que posterguen la definición sobre tan espinoso asunto.En ese momento era muy difícil calcular el tamaño de ese bolsón, pero, aun así, y sobre la base de ciertos datos, nos animamos a lanzar una cifra: entre 10% y 20% del electorado, tomando en cuenta a todos los sectores involucrados en todas las regiones en las que se desarrolla esta actividad ilegal, como los mismos mineros ilegales, las personas a las que explotan laboralmente, proveedores de insumos, personas que les brindan seguridad, los que participan de la venta del producto, los comerciantes que les venden servicios de todo tipo, y las familias de todos ellos, entre otros.Días después (el miércoles 23 de julio) el diario El Comercio publicó en su edición impresa y bajo el título de "El impacto político de la minería ilegal", algunos cuadros de una encuesta realizada a nivel nacional por Datum Internacional para el Centro Wiñaq, cuyo trabajo de campo se desarrolló del 6 al 10 de junio del 2025. La información allí publicada no solo nos llamó la atención, sino que nos preocupó mucho más.
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