Abierto o embozado, el apoyo a la minería ilegal en el Congreso es mayoritario y compromete a casi todas las bancadas presentes en el hemiciclo. Basta ver la votación que alcanzó a fines del año pasado la iniciativa para extender por tercera vez la vigencia del Reinfo -87 a favor, 19 en contra y 12 abstenciones- para comprobarlo. Luego el asesinato de 13 mineros en Pataz, perpetrado en mayo de este año por sicarios vinculados al ejercicio delictivo de la actividad en cuestión, despertó un cierto pudor en algunas bancadas y el proyecto de la llamada ley MAPE -que ampliaba las granjerías de las que ya gozan los ilegales- no fue aprobado en la Comisión de Energía y Minas, a pesar de las truculencias con las que su presidente, el legislador Paul Gutiérrez, intentó que lo fuera. Es bastante dudoso, sin embargo, que ese rapto de pudor dure mucho tiempo. Pasada la turbulencia que generó la matanza de Pataz, es muy probable que la actitud que describíamos al principio vuelva a instalarse en el palacio de la plaza Bolívar. La pregunta que cae de madura ante esa situación es la de por qué los parlamentarios de toda laya buscan ser tolerantes y hasta obsequiosos con los mineros ilegales. Y las respuestas que generalmente se ensayan a esa interrogante son dos, no exclusivas sino complementarias entre sí.