Por Martín Tanaka, profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP.En el último tiempo vemos con gran preocupación la extensión de la economía ilegal e informal, y con alarma indicios de su influencia en el ámbito político. En las últimas semanas, diversos reportajes periodísticos han analizado la conducta de los parlamentarios respecto a las protestas de mineros informales, y han encontrado la presencia de dirigentes de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) en partidos como Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú. Como se sabe, la Confemin y otros gremios se movilizaron pidiendo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). En un trabajo reciente de Omayra Peña y Paolo Sosa, para el National Resource Governance Institute (NRGI), se muestra cómo las iniciativas legales que favorecen la desregulación de la minería no formal en los últimos años provienen de Perú Libre, Acción Popular y Alianza para el Progreso, y que las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre han respaldado más consistentemente esas iniciativas legales. Los autores registran la formación de una suerte de mayoría parlamentaria bastante consistente a favor de estas iniciativas, que incluyen, como puede verse, diversos grupos parlamentarios con posturas supuestamente divergentes políticamente hablando. No sería tampoco casualidad que, en regiones donde hay un alto número de inscritos en el Reinfo, la mayoría de sus legisladores respalde de manera más clara las iniciativas a favor de la continuidad de actividades mineras informales e ilegales, como en La Libertad, Puno o Arequipa.