Las protestas y tomas de carreteras de mineros que se autoperciben como "artesanales" obligaron al Gobierno de Dina Boluarte a instalar una mesa de diálogo que, en la primera de sus ocho sesiones, realizada el viernes, acordó crear un subgrupo de trabajo que examinará, según el premier Eduardo Arana, "de manera técnica y jurídica, los términos legales de varios aspectos". Es decir, se revisará las normas legales que generaron las protestas, entre ellas la que excluyó del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a 51,565 inscritos debido a que tenían su registro suspendido y no reportaban actividad hasta por cuatro años. Se trata del Decreto Supremo 009-2025-EM, promulgado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) el 17 de mayo pasado, que amplió hasta el 31 de diciembre la vigencia del Reinfo para quienes cumplían los requisitos respectivos (31,560 inscritos). Lo curioso es que hoy, 21 de julio, vence el plazo para que los excluidos del Reinfo presenten recursos de reconsideración, según informó el titular del Minem, Jorge Montero, dos días antes de la sesión de la mesa de diálogo. Al parecer, el Gobierno habría cedido ante las presiones, sobre todo de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin).