Una manera simple de entender la problemática y dificultades del combate a la minería ilegal de oro es, simplemente, contando los dólares. Así, por ejemplo, según el informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicado ayer en El Comercio, este año el valor exportado de oro de origen ilegal sería de cerca de US$12 mil millones, cifra que incluso podría superar las exportaciones legales del mineral. En contraste, el presupuesto anual del Estado para el programa Reducción de la Minería Ilegal llega a cerca de S/75 millones. Es decir, menos del 0,2% del tamaño del problema. Dicho de otro modo, por cada dólar que gasta el Gobierno en este programa, los mineros ilegales disponen de más de US$500 para contrarrestarlo. Ahora, la complejidad es también internacional. De acuerdo con el mismo reporte, uno de los principales canales para comercializar y lavar el oro ilegal es venderlo a cooperativas bolivianas. Estas carecen de mayor regulación o control de trazabilidad. Con la autorización del Banco Central de Bolivia a comprar luego oro de estas cooperativas, el círculo de blanqueo del mineral se completa. En parte, eso explicaría la facilidad con la que una buena tajada del oro peruano de procedencia ilegal puede ser vendido sin mayor problema.