Los dirigentes gremiales que en algún momento representaron los intereses de los mineros informales tienen derecho a cambiar de rubro laboral. Los que años atrás tuvieron o intentaron tener una concesión minera de dudosa legitimidad, también. Pero de ello no necesariamente se desprende que sea una buena idea que estas personas ocupen luego puestos prominentes en instituciones públicas cuya opinión es tomada en cuenta para regular la minería informal. Eso es exactamente lo que habría sucedido en la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con un informe publicado ayer en El Comercio, José Luis Quequejana, defensor adjunto de la entidad, fue representante de la Federación de Mineros Informales de Madre de Dios (Fedemin) y sindicado por la propia defensoría -hacia el 2010- como promotor de un bloqueo de carreteras que dejó cinco fallecidos. Quequejana, además, solicitó tres concesiones mineras que fueron rechazadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) por hallarse -total o parcialmente- en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. Su potencial zona de operaciones, en Puerto Inca, Huánuco, habría sido la misma en la que este Diario denunció hace dos semanas el avance sostenido de la minería ilegal. (Edición domingo).