El pasado 13 de julio, José Luis Quequejana se presentó en televisión como defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo repitiendo el discurso de los gremios de mineros informales. Su postura guarda relación con su pasado, donde ha sido representante de federaciones y donde buscó tener concesiones mineras en zonas reservadas.El Comercio accedió a los tres expedientes denegados, el 2019, a Quequejana y sus distintos socios. Las tres solicitudes buscaban operar en la misma zona de Puerto Inca en Huánuco que, tal como reveló este Diario, es la nueva capital de la minería ilegal de oro de la selva.En las tres concesiones mineras, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) denegó las solicitudes por la misma razón: superposición parcial o total a la zona de amortiguamiento de la reserva comunal El Sira. Quequejana y sus socios pretendían operar en un área natural que incluso ha sido reconocida por la Unesco.Consultado al respecto, el defensor adjunto en Medio Ambiente se justificó alegando que se basó en unos estudios. "Tuve acceso a estudios de Buenaventura Ingenieros S.A. en la provincia de Puerto Inca que llamó mi atención para realizar exploraciones. Pero al haber cambios y restricciones de la zona, todo se suspendió", indicó. La realidad no es que se suspendió, sino que sus solicitudes fueron denegadas.(Edición sábado).