Por Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú.La minería no es solo la principal fuente de divisas para el Perú; es una palanca clave para cerrar las brechas sociales que aún nos dividen. Tenemos más de US$ 64,000 millones en proyectos mineros paralizados, que podrían transformarse en hospitales, escuelas, carreteras y empleo formal para millones de peruanos. Sin embargo, persiste la amenaza de la minería informal e ilegal, que no solo depreda el ambiente, sino que alimenta redes criminales y compromete la vida de comunidades enteras.Hace poco, el Congreso rechazó un dictamen de Ley MAPE que pretendía legalizar prácticas contrarias a la Constitución y al sentido común. Saludamos a los congresistas que defendieron la institucionalidad y el interés nacional frente a presiones particulares. La formalización minera debe ser una política seria y responsable, no un salvoconducto para la ilegalidad.Ahora toca que el Ejecutivo o algún congresista presente una nueva propuesta que recoja lo avanzado en los debates recientes. En primer lugar, nada de Reinfos encubiertos. El Tribunal Constitucional ya ha sido claro: no puede haber exenciones de responsabilidad penal, civil o administrativa. Asimismo, debemos rechazar términos ambiguos como "minería tradicional o ancestral", que solo abren espacios ambiguos y permeables a la ilegalidad. Y mucho menos puede tolerarse la servidumbre forzosa que se asemeja a una expropiación de concesiones legítimas. Defender la propiedad y la seguridad jurídica es indispensable para atraer inversión y garantizar derechos básicos.
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