OSINERGMIN: ¿OTRO DISPARO AL PIE?

Por María Chappuis, economista. El jueves pasado, el pleno del Congreso amplió las facultades del Osinerg para que fiscalice las actividades de las empresas mineras en materia ambiental y seguridad laboral, creándose una nueva institución denominada Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). El proyecto de ley aprobado también establece la creación de sedes regionales que le servirán para controlar las actividades mineras, y se financiará con recursos propios y con el 70% de las multas que se impongan a las empresas a su cargo. Según los considerandos iniciales, el Poder Ejecutivo estima que el Osinergmin precisará de un presupuesto de US$1 millón para iniciar sus funciones. Al parecer nuestros congresistas al votar mayoritariamente por la propuesta del Ejecutivo no tomaron en cuenta que nuestro país es uno de los mayores productores mundiales de metales. Compartimos este liderazgo con Estados Unidos, Canadá, Australia y Chile. En ninguno de estos países la fiscalización de actividades mineras está en manos de un organismo encargado de vigilar los precios de los servicios públicos de energía o de los combustibles. En Chile la fiscalización ambiental está a cargo de la Comisión Nacional del Ambiente (Conama), que debido a las críticas recibidas ("por tener un rol coordinador y no fiscalizador") se está transformando en un Ministerio del Ambiente; creándose también una Superintendencia Ambiental con funciones fiscalizadoras y capacidad sancionadora que contará con un presupuesto inicial de US$20 millones. La seguridad minera chilena está en manos del Servicio Nacional de Geología y Minería, institución que reúne parte de las funciones que realizan la Dirección General de Minería y el Ingemmet en nuestro país. Este modelo es similar al británico, donde el rol normativo y diseño de políticas recae en un ministerio mientras que el control y seguimiento, en una agencia ambiental. De igual manera, los gobiernos provinciales canadienses en coordinación con el Gobierno Nacional comparten la responsabilidad de otorgar las licencias ambientales, mientras que en Estados Unidos los grandes proyectos requieren una licencia ambiental de la Agencia de Protección Ambiental EPA. En el estado minero de Colorado se creó en 1976 el Colorado Mined Land Reclamation Board (CMLRB), consejo integrado por ciudadanos y encargado de establecer las regulaciones, los estándares y políticas de la División de Minería y Geología del Estado. El CMLRB tiene facultades ejecutivas en los procesos de emisión de licencias y acciones de fiscalización. Incluso los residentes canadienses pueden formular peticiones a la contraloría sobre cuestiones ambientales administradas por las diferentes instituciones gubernamentales. Mientras, en nuestro país el Osinerg no ha demostrado en todos los años de creado un desempeño aceptable en la vigilancia ambiental del sector energético, como lo prueban los extensos pasivos ambientales del Lote 8 o la generalizada adulteración de combustibles. Según informaciones periodísticas recientes, Osinerg cuenta con US$60 millones en sus cuentas, por lo cual la carencia de recursos presupuestales no ha sido el motivo de su gestión mediocre, razón por lo que despierta dudas de que pueda realizar una gestión eficiente y transparente cuando asuma, además de sus labores corrientes, la vigilancia ambiental y de seguridad de más de 400 operaciones mineras. La discusión sobre la creación de Osinergmin ha hecho perder de vista para qué se necesitan estos cambios institucionales. Según el Banco Mundial (BM), a pesar de los notables avances de los últimos 15 años, el Perú sigue teniendo retos pendientes que son una combinación de (i) la falta de conciencia pública y de comprensión de los problemas ambientales generados por la minería; (ii) la falta de una línea base para medir la calidad ambiental y los riesgos derivados de los pasivos ambientales; (iii) la opinión generalizada de que la calidad ambiental y el crecimiento económico son objetivos incompatibles; (iv) un marco institucional mal diseñado, incluida la ausencia de una autoridad ambiental central independiente con capacidad para hacer cumplir las normas; y (v) la escasa capacidad financiera y de recursos humanos de la unidad ambiental del MEM para ejercer sus competencias de manera eficaz. Todas estas debilidades ubicaron a nuestro país en el puesto 85, entre 117 países, cuando se midieron diferentes indicadores de competitividad y desempeño ambiental. Como solución, el BM sugiere revisar y actualizar los instrumentos principales de gestión ambiental, así como ampliar la capacidad institucional global creando una agencia de monitoreo y control de cumplimiento de la normativa ambiental que podría denominarse Procuraduría Ambiental. En la actualidad, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas recibe las solicitudes para aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) que, una vez que son aprobados,