"Apostamos por la legalidad y la formalidad; no daremos un paso atrás en ese objetivo, no cederemos a presiones, menos a chantajes". Con estas palabras, la presidenta Dina Boluarte defendió hace 10 días la decisión del Ejecutivo de cancelar 50.565 registros del Reinfo que se encontraban suspendidos por más de un año. La mandataria precisó que, de ese total, alrededor de 45.000 inscritos llevaban más de cuatro años sin mostrar avances en el proceso, lo que significa, en buena cuenta, que no tenían interés en formalizarse y que posiblemente utilizaban el Reinfo como una fachada para realizar otro tipo de actividades. Pues bien, poco después de que los mineros informales que durante días paralizaron el tránsito en varios puntos del país fueran recibidos en Palacio de Gobierno, el titular de Energía y Minas reconoció este miércoles que los más de 50.565 registros cancelados pueden apelar la medida hasta el 21 de julio. El ministro Jorge Montero ha asegurado que a los afectados les asiste este derecho y que el Ejecutivo evaluará estas apelaciones de manera ‘técnica’. Pero especialistas consultados por este Diario ya han advertido que podríamos estar ante un retroceso en el proceso de formalización que amenaza con reinstalar el statu quo que ha imperado en el sector en los últimos nueve años.