El sistema público peruano atraviesa una de sus peores crisis institucionales en décadas. La corrupción, la ineficiencia y el desgobierno no son hechos aislados, sino síntomas de un mal estructural profundamente enraizado en todos los niveles del Estado.Así lo confirma el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, elaborado por la Contraloría General de la República, que evaluó a 2,928 entidades públicas del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales, organismos autónomos y empresas estatales.El resultado es devastador: el 99% de las entidades públicas evaluadas presentan al menos un indicador de riesgo, ya sea por actos de corrupción o por disfunciones administrativas graves. De ellas, 321 instituciones se encuentran en nivel de riesgo "muy alto", y solo 25 califican en el nivel "bajo".