Por Jimena Sologuren, presidenta de Perumin 37.En la antesala de la nueva legislatura y con un ciclo electoral rumbo a las elecciones 2026, es oportuno preguntarnos dónde está la minería en la agenda política del país. ¿Cuál es la visión sobre uno de los sectores claves para el desarrollo económico y social del Perú? ¿Queremos una minería formal, sin importar el tamaño? ¿Un sector responsable y fiscalizable que genere tributos, trabajo digno y control ambiental? ¿Qué minería queremos para nuestro país?La reciente ampliación del Reinfo generó atención mediática; solo se extendió para inscritos vigentes o con menos de un año de suspendidos, dejando fuera a más de 50.000 registros. Ellos tuvieron ocho años para formalizarse o, por lo menos, mantenerse vigentes, y no lo hicieron. Hoy protestan y bloquean carreteras, y aunque el gobierno mantiene una posición firme, preocupa la coyuntura en la que resurge el debate sobre la Ley MAPE.Necesitamos una norma que permita a quienes sí buscan formalizarse hacerlo con reglas claras, garantizando la seguridad laboral, protección ambiental y respeto al Estado de derecho. No podemos aceptar una ley sin sustento técnico, con vacíos que perpetúen la informalidad, malas condiciones de trabajo y daños ambientales. Urge una política nacional que articule formalización, fiscalización y desarrollo productivo con metas claras y responsables definidos.