El Gobierno de Dina Boluarte ha destinado un total de S/416.000 para costear la defensa legal de Juan José Santiváñez. Los pagos se realizaron entre 2024 y 2025, a través de seis contratos adjudicados a dos estudios jurídicos distintos. Todos los acuerdos se firmaron cuando Santiváñez ya afrontaba denuncias en el Ministerio Público.Los registros revisados muestran que en 2025, el Gobierno contrató a un solo estudio legal -el Estudio Jurídico y Contable Miranda & Asociados- para representar a Santiváñez en cuatro procesos distintos. El Estado pagó más de S/220.000 a esta firma solo en lo que va del año. Entre los casos que asumieron figuran un proceso por acceder ilegalmente a material periodístico antes de su emisión y otro por presuntos sobornos vinculados al Tribunal Constitucional.