Inesperadamente complicado se ha puesto el tema de los pensionistas de la Ley 20530, quienes vienen reclamando a grito pelado la restitución de la cédula viva, sistema por el cual sus pensiones de cesantía eran niveladas con las remuneraciones de los funcionarios en actividad. Como se sabe, los demandantes han presentado seis denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que ha desatado una previsible polémica, pues un posible fallo a su favor provocaría --según pronósticos del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y de la titular del Congreso, Mercedes Cabanillas-- el truncamiento de cualquier reforma del Estado. El jefe del Gabinete Ministerial, Jorge del Castillo, señaló que hay una enorme contrariedad ante esta demanda: "Nosotros estamos muy alarmados. El presunto derecho de todas esas personas le costaría al Perú la friolera de 24 mil millones de dólares". Agregó que si se llegara a anular la reforma de la Ley 20530 (lograda en noviembre del 2004), "nos amarrarían de manos para hacer la reforma del Estado". (Edición sábado)
- [El Comercio,Pág. A10] /