LA TRANSPARENCIA DEBE SER LA NORMA Y NO LA EXCEPCIÓN EN EL ESTADO DE DERECHO

No ha dejado de ser una sorpresa que la Superinten-dencia de Banca y Seguros (SBS) y la Corte Suprema hayan anunciado esta semana sendas medidas para reforzar los niveles de transparencia de dichas entidades. Es tiempo de que se reconozca que consumidores y litigantes satifechos son la razón de ser de la actividad privada y sobre todo del Estado. De lo que se trata, finalmente, es de terminar con esa antigua y oscura cultura del secretismo que alimenta la corrupción y la ineficiencia y solo beneficia a algunas argollas de empresas mercantilistas y burócratas inescrupulosos. En el caso de la SBS la meta es publicar los costos e intereses que pagan y cobran las diversas entidades bancarias, lo que debe beneficiar a los consumidores que podrán ahora comparar servicios y precios y decidir responsablemente basados en información adecuada. Asimismo, se alienta la competencia bancaria y financiera, como lo exige un principio básico de la economía social de mercado. En lo que se refiere al Poder Judicial, se publicará las sentencias de la Corte Suprema en su página web y se obliga a los juzgados a informar a las instancias superiores sobre las acciones de amparo, lo que permitirá a los ciudadanos fiscalizar y denunciar cualquier irregularidad. La transparencia, en este caso, es una herramienta fundamental contra la corrupción que ha campeado históricamente en los corrillos judiciales y es una de las razones de su desprestigio. Estas iniciativas tienen que ser imitadas por el resto de instituciones y entidades del Estado. El derecho a la información (como lo demuestran los certámenes que organiza el Consejo de la Prensa Peruana) que corresponde a cada ciudadano está íntimamente vinculado al fortalecimiento del Estado democrático y al derecho a la justicia, por lo que cualquier transgresión a las normas de transparencia debe ser severamente sancionada. Y, en tal contexto, la prensa independiente es un vehículo privilegiado para ejercer este derecho responsablemente y fiscalizar la acción estatal. (Edición sábado)