Por María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1 El Comercio.La organización de los mineros ilegales que esta semana -a través del bloqueo de carreteras y otras manifestaciones- buscaba, entre otras cosas, la aprobación de la desmantelada y reconstruida Ley Mape, incluyó el apoyo explícito del congresista Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Los bloqueos de las carreteras al sur del país nos perjudicaron a todos: turistas, comercios, mypes, pymes, grandes empresas. Protestar no está prohibido, pero hay un límite cuando se contabilizan fallecidos: estas protestas ya llevan uno. El por qué la policía no actuó con mayor rapidez y firmeza queda en la especulación, pero el historial de la actual gestión respecto al manejo de conflictos y su débil respaldo podría explicar la falta de acción inmediata.El importante rol del Minem en esta situación es confuso. Aunque amplió el Reinfo, retiró a más 50 mil mineros del proceso de formalización. Ojalá no retroceda en este objetivo a pesar de las presiones. Además, resulta sorprendente cómo este ministerio ha dejado que se desnaturalice la Ley Mape, impulsada abiertamente por el ex titular del Minem, Rómulo Mucho.Para apaciguar esta situación se necesita bastante más que fuerza. Se necesitan servidores públicos que conozcan de límites y que reconozcan y repudien la ilegalidad, en este caso vergonzosamente evidente.