Por Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).Una comunidad tiene una única escuela primaria, con seis aulas, una para cada grado. Pasan años pidiendo apoyo: no tienen materiales educativos, los profesores faltan por semanas, una de las aulas está en mal estado y necesitan construir dos más y una losa deportiva. Tocan las puertas de la UGEL, del municipio, del gobierno central. Nadie responde. Entonces llegan los mineros, sacando oro del río. Los apus deciden dejar de esperar al Estado y comienzan a coordinar con los mineros ilegales que habían llegado a la zona.Esta es la realidad de Pagata, una comunidad ubicada en el distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Desde 2021, se ha reportado una creciente presencia de mineros ilegales en la zona, documentada en fuentes oficiales y en reportajes de medios especializados como Mongabay, Convoca y un documental de Latina TV próximo a estrenarse. En este último, los apus cuentan cómo empezaron a colaborar con los mineros, que ofrecieron materiales y pequeñas mejoras. No lo hicieron por generosidad, sino porque esa ayuda les abría espacio. En un entorno desatendido, los ilegales comenzaron a ocupar el lugar que el Estado nunca asumió. Y con ello, ganaron algo más que acceso: legitimidad.(Edición domingo).