El Perú está nuevamente al borde de una crisis social. La suspensión de más de 50,000 procesos de formalización y la no aprobación de la ley MAPE, han encendido focos de tensión en diferentes regiones del país.Durante años, la minería artesanal y de pequeña escala ha generado ingresos que antes no existían para decenas de miles de familias peruanas. Sin embargo, la desidia estatal frente a sus procesos de formalización ha abierto un peligroso vacío normativo y operativo que ha sido ocupado por la minería ilegal.Como informan diversas asociaciones gubernamentales y ONG, esta minería, que está al margen de toda regulación, no solo depreda el medio ambiente, sino que alimenta redes de extorsión, sicariato, lavado de activos y narcotráfico.Ambas leyes -MAPE y REINFO- presentan serias observaciones técnicas y jurídicas. Es por eso que su rechazo, sumado a la falta de propuestas alternativas, ha echado más leña al fuego en una protesta que parece no distinguir entre el reclamo genuino y la manipulación delictiva.(Edición sábado).