Esta semana, la avenida Abancay, una de las más importantes de Lima y donde se ubica el Congreso de la República, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento entre la policía y mineros informales que llevan días ocupando la zona. No es la única vía que este colectivo ha cortado (hasta ayer, permanecían bloqueadas carreteras en Cusco, Arequipa, La Libertad y Apurímac), pero sí la más emblemática, pues busca presionar a los congresistas para que se plieguen a sus demandas. ¿De qué demandas hablamos? Aunque son varias, hay tres principales: que se anule el decreto del Ejecutivo que canceló más de 50.000 registros del Reinfo, que se extienda la vigencia de esta herramienta más allá del 31 de diciembre del 2025, y que se apruebe la ley MAPE. Sin embargo, habida cuenta de que los especialistas han remarcado que esta última norma, tal y como ha sido planteada, no sería otra cosa que un Reinfo 2.0, al final todas las demandas confluyen en una sola: que se les permita seguir operando como una gran mayoría de ellos ha venido haciéndolo, sin fiscalización, sin obligaciones ambientales y sin sanciones penales cuando se vinculan y entrelazan con el crimen organizado. (Edición sábado).