El procesos de formalización minera en el Perú ha sido, desde hace años, uno de los grandes retos del Estado.Ahora, con la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de este año, el Gobierno ha dado una última oportunidad para que los pequeños mineros y mineros artesanales que aún no han culminado su adecuación legal lo hagan, pero también ha sido enfático: no habrá más prórrogas en ninguna circunstancia.Este anuncio, lejos de calmar las aguas, ha generado protestas en diversos puntos del país, con bloqueos de carreteras que perjudican a miles de peruanos que nada tienen que ver con el conflicto, así como a importantes actividades económicas como el comercio.Es necesario decirlo con claridad: la formalización minera no es una traba burocrática ni una imposición arbitraria del Estado. Es, ante todo, una política que busca ordenar una actividad que tiene efectos devastadores, cuando se ejerce sin control, en el medioambiente, alimenta economías ilegales y, en no pocos casos, se encuentra infiltrada por el crimen organizado.
- [El Peruano,Pág. 14] /