Un nuevo derrame de crudo proveniente de uno de los pozos que están a cargo de Petroperú se produjo esta semana en el distrito de Lobitos, en Talara. Fue esta vez en Las Capullanas, una concurrida playa de la zona. Y ocurre apenas siete meses después de otro de mayor magnitud, producido en el mismo lugar y por la misma empresa estatal. Extraña, sin embargo, que, a diferencia de lo que sucede cuando un incidente similar involucra a alguna empresa privada -rápidamente se encienden los focos de vigilancia, con exigencias de sanción e indemnización de organismos fiscalizadores, ONG ambientalistas, etcétera- en este caso, el mutismo parece ser la actitud dominante entre las otrora ruidosas agrupaciones ecologistas. Y apenas si se han emitido tenues comunicados, casi a media voz, desde las entidades supervisoras de Petroperú. Todos relativizando el daño, claro.