¿DE QUIÉN SON LAS MINAS?

Por Carlos Contreras Carranza, profesor de la PUCP.¿A quién pertenecen los recursos mineros del país? ¿A los propietarios de los terrenos donde ellos se encuentran? ¿A las poblaciones asentadas en dichos territorios desde tiempo inmemorial? ¿A los apus? La legislación peruana ha seguido en esta materia la tradición española y, en general, latina, estipulando que dichos recursos pertenecen al Estado en tanto representante del conjunto de la nación. Pero que este puede conceder su explotación a personas o empresas, peruanas o extranjeras, bajo un contrato en el que se consignan los derechos y deberes de estas, tales como respetar el medio ambiente y los derechos de terceros, así como pagar impuestos y regalías que compensen a la nación por el beneficio que se les cede.Sin embargo, dada la dificultad que conlleva vigilar el acceso a los yacimientos mineros dispersos por el territorio, muchos de los cuales son incluso desconocidos, ha sido frecuente que, en épocas de subida del precio de los metales, el Estado haya sido incapaz de hacer respetar sus derechos de propiedad y los de las empresas con la que había pactado una concesión. Cuando se han disparado al alza los precios de metales que pueden ser refinados en pequeña escala con métodos artesanales, como la plata, el mercurio y sobre todo el oro, un enjambre de campesinos abandona sus cultivos y ganados, para, barreta y dinamita en mano, explotar los filones o escoriales de los minerales favorecidos por la lotería de los precios. En coyunturas de este tipo, la Conacami (Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería) cede protagonismo a la Confemin (Confederación de Pequeños Mineros y Minería Artesanal) en la política nacional.