Amparados en el discurso de la formalización y escudándose en la defensa de la minería artesanal, diversas bancadas han manifestado y hecho efectivo su respaldo abierto a la minería ilegal.La norma que, lejos de promover orden y desarrollo, prolonga el desgobierno y facilita el avance de economías ilícitas profundamente articuladas con el crimen organizado ha recibido el apoyo esporádico de parlamentarios de APP, Avanza País, Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial y Podemos Perú.No es casual que esta ofensiva legislativa surja en un momento de aguda sensibilidad pública frente al fenómeno social, económico y político de la minería ilegal.Como muestran los recientes resultados sobre el índice de densidad estatal y desarrollo humano del PNUD, en las regiones con auge de minería ilegal, las mafias parecen haber suplantado al Estado en varios ámbitos de control y generación de ingresos.De acuerdo con diversos comentarios técnicos, la Ley MAPE, al igual que su antecesor, el REINFO, no constituye una verdadera vía de formalización. Sin un plan ni capacidades estatales claras de fiscalización, estas iniciativas legislativas constituyen puertas giratorias que normalizan la ilegalidad y posponen el fortalecimiento del Estado.