El reciente informe de El Comercio sobre la contratación de 15 financistas de campañas electorales en oficinas claves del Congreso de la República constituye una nueva y escandalosa muestra del uso indebido de influencias que caracteriza al actual Parlamento peruano. Esta práctica, que convierte al Poder Legislativo en una agencia de empleos para retribuir favores políticos, profundiza la crisis de credibilidad de una institución que desde hace tiempo registra altos niveles de desaprobación. La situación es particularmente grave porque demuestra cómo el poder de influencia política trasciende los límites de los despachos legislativos, para permear oficinas estratégicas del Congreso. Mientras que la contratación en despachos propios puede justificarse como "cargo de confianza", la ubicación de financistas en áreas como el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios o el Comité de Damas revela una red sistemática de favoritismo que vulnera los principios básicos de la administración pública.