En lugar de atacar el problema -combatir la minería ilegal- en el Congreso buscan esquivarlo. Mientras le hace largas al debate de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), lo que devino en la postergación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de este año, muchos legisladores han propuesto proyectos de ley orientados a facilitar las operaciones de esa actividad ilícita, en perjuicio de una de las pocas entidades públicas que destacan por su eficiencia y manejo técnico, el Banco de la Nación (BN).La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado tres dictámenes que modifican (para mal) funciones del BN y que lo vincularían a la gestión de minerales, principalmente, del oro extraído en condiciones no formales (Gestión 02/07/2025). Dos dictámenes declaran de interés la apertura de agencias del BN en localidades de escasa población y con presencia de minería ilegal, en Huancavelica y Loreto. Además de la curiosidad de "declarar de interés" la creación de agencias bancarias y de interferir en la toma de decisiones del BN, habría que pensar que el objetivo es inyectar en el sistema financiero formal dinero obtenido ilícitamente.El otro dictamen tiene mayor alcance y, además, incluye cambios legislativos, pues le asignaría un nuevo rol al BN: transporte y custodia de dinero y valores "en situaciones extraordinarias o de emergencia", entre las cuales figura un escenario de costos elevados de dicho servicio. En otras palabras, se trata de una propuesta que podría inducir el blanqueo, no solo minero sino también de otras actividades ilícitas como la deforestación y el tráfico de drogas. A pesar de lo dañino de estos dictámenes, el proyecto de ley que está listo para debate causa mayor inquietud, pues pretende que el BN realice operaciones de compra, venta, exportación y comercialización de minerales.
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