Por Iván Alonso, economista.Son varios los proyectos de ley para facultar al Banco de la Nación a comprar oro, pero el que más nos llama la atención es el presentado por el congresista Jorge Montoya en julio del año pasado porque no lo considerábamos un estatista (ahora sí). Como se ha hecho costumbre en el Congreso actual, el proyecto consta de un artículo único donde se expresa el objetivo y dos disposiciones complementarias que trasladan el problema al Poder Ejecutivo; lo más parecido, en términos legislativos, a tocar el timbre y salir corriendo.A pesar de lo que dice su exposición de motivos, el proyecto es inconstitucional. Colisiona -para usar el mismo verbo- con el principio de subsidiariedad del Estado. Si la minería artesanal del oro es, como postula el congresista, una práctica ancestral, tiene que haber canales de comercialización privados establecidos desde hace mucho tiempo. Que esos canales sean informales, si es que en efecto lo son, no justifica una ley para insertar al Banco de la Nación en la cadena de comercialización. Justifica, en todo caso, una ley para facilitar su formalización.