Dos días atrás, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, dio una noticia que todos sabíamos que era inevitable desde que se filtró a la prensa: el aumento de sueldo de la presidenta, de los S/15.000 actuales a los S/35.568 que pasará a obtener a partir de ahora. "Aquí no se trata de un nombre en particular, se trata de que al cargo de presidente le corresponde una retribución acorde a su alta responsabilidad", argumentó el jefe del Gabinete, Eduardo Arana, quien sugirió que la decisión del entonces presidente Alan García de reducir los salarios de un grupo nutrido de funcionarios (entre ellos, el suyo) fue en su momento demagógica. Es cierto que el monto de la remuneración presidencial, que es menor al de otros cargos en el Estado Peruano, puede ser materia de discusión. Sobre ello caben pocas dudas. Lo que sí es indiscutible es que esa evaluación debe hacerse de manera transparente, sin secretos y sin tratar de ocultarle los pormenores a la ciudadanía que es, a fin de cuentas, la que sufraga ese salario con sus impuestos (impuestos que no pocas veces le suponen una serie de sacrificios). Y eso es precisamente lo que este gobierno ha hecho.