Desde hace varios días mineros informales de distintas regiones del país vienen realizando marchas, comunicados, plantones, y visitas al Congreso y al Ministerio de Energía y Minas buscando presionar a congresistas y al ministro del sector.Su objetivo es mantener el status quo y seguir operando sin ningún tipo de condicionamiento y, como siempre, al margen de la ley. El problema es que, en ese resinoso limbo que separa la informalidad emprendedora de la abierta ilegalidad, operan miles de malhechores que vienen sembrando el terror en amplias zonas del norte y sur del país.Excavaciones depredadoras que rápidamente extienden sus actividades hacia modalidades delictivas afines; negocios ilícitos que van desde la extorsión hasta la trata de personas, generando un oprobioso clima de violencia -el caso de Pataz es notorio- en las zonas donde se desarrollan y, en ocasiones, causando graves daños al hábitat natural de miles de personas, como sucede en la Amazonía.La protesta que, parecía, iba a terminar con la publicación del decreto supremo que amplía hasta diciembre el proceso de formalización, en tanto se aprueba en el Congreso la nueva Ley MAPE, fue más bien alimentada con dicha norma, pues ahora exigen que en el texto no se incluya ninguna condición a los que se amparen en ese cuestionado registro."Que se publique un nuevo decreto, que anule el anterior, en el que solo diga que se amplía el Reinfo, y que deje las cosas tal como están", exigió con total desfachatez Raúl Noblecilla, uno de los más notorios asesores legales de Confemin, gremio que conglomera a los mineros ‘informales’, entre los que se camuflan, desde luego, no pocos intereses ilegales.