La muerte del aspirante a colaborador eficaz José Miguel Castro Gutiérrez el pasado domingo constituye una tragedia que plantea un desafío institucional que el sistema judicial peruano no puede permitirse perder. Su fallecimiento, a menos de tres meses del juicio contra Susana Villarán, no debe ser motivo alguno para obstaculizar un juicio largamente postergado. Castro, quien fue gerente municipal durante la gestión de Villarán y aspirante a colaborador eficaz, representaba una pieza fundamental para esclarecer los millonarios aportes ilícitos de Odebrecht y OAS. Conocido en los registros internos de la empresa brasileña como ‘Budián’, era el principal intermediario entre las constructoras y la exalcaldesa para canalizar recursos destinados a la campaña contra la revocatoria del 2013 y la fallida reelección del 2014.