La reciente decisión del Gobierno peruano de oficializar el cierre definitivo del proceso de formalización minera integral para la pequeña minería y la minería artesanal, mediante el Decreto Supremo Nº 012-2025-EM, representa un avance significativo en la lucha contra la minería ilegal y un impulso necesario para fortalecer de forma responsable esta actividad en el país. La formalización minera ha sido, durante años, un desafío persistente en el Perú. La minería informal -que muchas veces deriva en ilegalidad- no solo causa un severo daño ambiental, sino que también se desarrolla al margen de toda protección laboral, tributaria y sanitaria. La ausencia de fiscalización en estas actividades trae consecuencias nefastas: desde la contaminación de ríos con mercurio y cianuro, hasta la exposición de miles de trabajadores a condiciones indignas e inseguras.Frente a ello, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha emprendido un proceso de fiscalización activa en los distintos territorios mineros del país, con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones necesarias para la formalización. Esta acción no es punitiva, sino complementaria: busca impulsar y acompañar a quienes, con esfuerzo y compromiso, desean integrarse a la legalidad.